La lección de Sebastián

Sebastián ya no está. Sin embargo, su paso por esta vida dejó más de una lección. La policía mendocina -una de las más represoras del país- sabe ahora que su impunidad tiene límites, que "nunca más" se le perdonarán sus torturas a la población y que sus emisarios serán condenados y perseguidos por la justicia.

"Sebastián fue asesinado". Así lo entendió la Cámara del Crimen de San Rafael en su histórico fallo del pasado jueves 14 de diciembre, tras cuatro meses de debate en uno de los juicios contra policías más largos e influyentes de la historia judicial de Mendoza.

Hoy los nueve imputados están en libertad por la aplicación del Pacto de San José de Costa Rica y hasta que el fallo tenga una sentencia firme. Pero sus vidas ya no serán las mismas, como las de los casi 40 testigos que serán sometidos a futuras compulsas judiciales por falso testimonio y participación en la trama de encubrimientos que sobrevoló el crimen. Cinco policías -quienes no volverán a ejercer un cargo en la función pública hasta diez años después de cumplida su sentencia- y su "parapsicóloga" de cabecera fueron encontrados culpables de asesinar y encubrir la muerte de Sebastián Bordón.

Condenados

Las penas más duras recayeron en el jefe de la comisaría 38 de San Rafael y en sus discípulos del movil policial 739. El mandamás comisario Hugo Ramón Trentini (también condenado en otra causa simultánea por apremios ilegales) deberá pasar los próximos 15 años en prisión; la Justicia lo encontró culpable de homicidio y vejaciones agravadas. También lo harán su séquito de torturadores, los oficiales Daniel Gómez, Roberto Gualpa y Abelardo Cubillos, quienes vivirán tras las rejas durante 10 años -salvo Gómez que fue sentenciado a 12 años por el agravante de excesos en el cargo-. Ellos tres son culpables de lesiones graves y abandono de persona seguido de muerte.

Llamativamente los magistrados entendieron que el encubrimiento no involucró a los altos mandos policiales, ya que absolvió a los ex comisarios Carlos Escobar y Juan Atencio, y al camionero Vega Giménez. Sin embargo, condenó por este hecho al cabo Merelo (2 años y 6 meses) y la "parapsicóloga" Amanda Ledesma (dos años).

Para Carlos Varela, uno de los abogados de la familia Bordón, "el fallo de la Cámara demostró, como nosotros decíamos, que se trataba de un homicidio. Los sentados allí eran los culpables y ahora esperaremos las explicaciones del gobierno provincial por la actitud que asumió la Asesoría de Gobierno en este juicio". Así, anticipó que pedirán la realización de un sumario administrativo por la conducta de los abogados Alicia Barrilli, Fransisco Losada y Tomás Cattapano quienes defendieron abiertamente a los imputados. De esta forma, los representantes de los intereses del Gobierno de Mendoza en este jucio tomaron partido y se olvidaron en forma lisa y llana de los cientos de pruebas recopiladas en el proceso oral y público.

Por otro lado, Miriam Medina de Bordón -madre de Sebastián- afirmó que "hay más gente que tiene que ser condenada", anticipando las compulsas por falso testimonio que en un futuro próximo se presentarán ante la Justicia y que incluyen, entre otros, a Mirta Orihuela, titular de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Violencia Institucional (Cofavi), al ex subjefe de la policía Ignacio Medina y "todos los que hablaron mal de mi hijo deben ser condenados", dijo tras conocer el veredicto.

Las agresiones y amenazas de la familia policial

Violentos e indignados por el cachetazo que sufrió la "familia policial", varios ex policías agredieron a los Bordón, a los abogados y a los periodistas que cubrieron el juicio. A media mañana, con un sol radiante y un calor por momentos agobiante, un ex policía -de nombre Araya- rompió la calma de los tribunales al amenazar a Luis Bordón, lo que le valió una denuncia por amenazas y dos horas de detención en la alcaldía del tribunal. Inlcuso varios familiares de los imputados insultaron a Daniela, hermana de Sebastián, cuando salía de la audiencia tras conocer el dictamen de los jueces. Pero con la sentencia, Araya y sus ex camaradas arremetieron ya no solo contra la familia Bordón, sino también contra la prensa -un camarógrafo de un canal local fue golpeado en el rostro y su cámara rodó por el piso.

También sufrieron agresiones -incluso varios días antes- el corresponsal del diario Los Andes y otros enviados de medios periodísticos. Para los familiares de los policías condenados y sus camaradas ex policías no había dudas: "¡Hay que matar a todos los zurdos!. ¡Tienen que volver a usar los sótanos de los tribunales!", ladraron. Parecen conocer en profundidad el sucio pasado de la policía mendocina del ex comisario Santuccione y su actuación en la última dictadura militar, cuando los subsuelos del edificio de los Tribunales de San Rafael eran inundados con cientos de detenidos políticos.

El via crucis

El asesinato de Sebastián demostró la decadencia en la que está sumida la Argentina. Ya no sólo se trata de un infortunado crimen, sino del calvario que debió recorrer una familia de trabajadores para consagrar y hacer valer sus legítimos derechos. Desde la muerte de Sebastián, Luis y Miriam Bordón movieron cielo y tierra, junto a sus tres abogados, un grupo de apoyo de diez defensores de los derechos humanos, los vecinos del barrio de Moreno y un sin número de hombres y mujeres. Juntos colaboraron en estos 3 años y dos meses de proceso judicial reconstruyendo la verdad de esta historia.

Y frente a esta decadencia del sistema, los Bordón mostraron un rostro diferente. Tras varios años de lucha, Luis y Miriam Bordón conseguieron Justicia tanto para su hijo, como para los cientos de familias que hicieron de ellos un símbolo contra la impunidad de un sistema político y económico que es capaz de degradar hasta la muerte a cualquier ciudadano, sin importar su origen social, etnico, religioso, político, económico o cultural.

Como un iman, los Bordón supieron sintetizar las voces contra la impunidad de las fuerzas de seguridad argentinas, que ciudadanos y defensores de los derechos humanos reclaman a lo largo y ancho de la República.

Custodiados por la Gendarmería Nacional, a raíz de las amenazas recibidas en los momentos previos y posteriores a la lectura de la sentencia, Miriam y Luis Bordón están convencidos que a su hijo no lo mató sólo la policía. En los últimos tres años fueron acusados por los verdugos vestidos de uniforme policial de matar a su propio hijo, de liderar una red de narcotráfico o de perseguir un interés económico. Y todo por perseguir justicia y verdad para la memoria Sebastián. Pero ellos saben que la justicia que tanto reclamaron no evitará futuras violaciones a los derechos humanos.

"Esta sociedad, este sistema insolidario, que en toda Latinoamérica mantiene en la pobreza extrema a 117 millones de niños y jóvenes como Sebastián, debe cambiar", repiten a quien quiera oírlos. Por eso, aguardan con ansias destinar la indemnización por el crimen de su hijo a "La casita de Sebastián", una futuro comedor infantil y sala de primeros auxilios, que junto a sus vecinos inaugurarán en el barrio obrero de 3 de Febrero, Moreno, en la provincia de Buenos Aires.