LIBERAN A LOS ASESINOS DE SEBASTIÁN BORDÓN
El precio del deber
Mientras los críticos al Pacto de San José redoblan sus esfuerzos por cercenarlo, la justicia mendocina aplicó el "dos por uno" y liberó a los asesinos de Sebastián. La familia Bordón y sus abogados creen que no debe culparse al tratado, sino a los funcionarios judiciales que permitieron que el proceso judicial durase más de tres años.

A tan solo días de dar a conocer su veredicto, la Cámara de Casación Penal de San Rafael sacudió el Caso Bordón al liberar a los siete policías y una civil acusados de asesinar al joven estudiante en 1997. Tras una dividida elección, el tribunal acató el Pacto de San José de Costa Rica, pero no fijó mayores recaudos para evitar la fuga de los imputados que habían permanecido presos más de dos años sin una sentencia firme.

Los abogados de la familia Bordón han considerado ante la prensa que "seria injusto criticar la aplicación de normas ya que no son responsables de esta realidad. Los acusados están hoy en libertad porque el sistema judicial permitió que este proceso durara más de tres años". Es así que durante este tiempo los encargados de hacer cumplir la ley evadieron sus responsabilidades e intentaron impedir que se conozca la verdad, por mas que fuera evidente desde el mismo momento de la desaparición de Sebastián Bordón en el Nihuil.

Durante la instrucción, que estuvo a cargo del juez Waldo Yacante, el caso recibió la intoxicación de pistas falsas, como la de la droga y otras que llevaron a decenas de testigos a comparecer ante los estrados judiciales. Una a una fueron descartadas por la Justicia Federal y Provincial, sin embargo eso no impidió que nuevamente se presentaran en el juicio oral.

Dentro de este escenario, un rol destacado lo cumplió Mirta Orihuela, una informante policial de conocida reputación en ámbitos policiales. Enarbolando la bandera de COFAVI en San Rafael, Mendoza, Orihuela ha demacrado la lucha por los derechos humanos colaborando con los torturadores y asesinos de las fuerzas de seguridad de la provincia.

Tras conformar una Comisión Policial, Orihuela y la propia policía mendocina bombardeó con información falsa al juez Yacante; incluso llegó a señalar a los padres de Sebastián de liderar una red de narcotráfico entre los barrios de trabajadores en Moreno y el exclusivo centro turístico Las Leñas (esta pista ya fue investigada y descartada por la Justicia Federal).

La actual liberación hace temer por la seguridad de la familia Bordón, la de sus abogados y la del grupo de defensores de los derechos civiles que los acompañan desde el comienzo del proceso judicial. La fuga de los acusados antes de recibir una sentencia no sólo señalaría la irresponsabilidad de funcionarios políticos y judiciales, sino también seria un grave atentado contra la consolidación del estado de Derecho en la Argentina. Pero además, la impunidad consumada seria un castigo a la memoria de Sebastián Bordón, su familia y la de todos aquellos que han luchado incansablemente por la verdad y la justicia.

La responsabilidad no recae en las leyes, sino en quienes deben cumplirlas.